Una buena educación pública es la condición necesaria para asegurar la prosperidad, el civismo, la cohesión social y el desarrollo económico de un país. España no puede seguir encabezando los ránquines de fracaso y absentismo escolar de la UE. Y hablemos claro, no ha habido una falta de recursos económicos para la política educativa, ha habido malos planes de estudio, malas leyes educativas y mala gestión de la educación pública.
Hay que garantizar una educación pública de calidad que tienda a la excelencia y al éxito escolar para garantizar el futuro de los jóvenes. En un contexto de crisis económica, con tasas de paro juvenil del 50%, es más importante que nunca llevar a cabo una profunda reforma educativa para garantizar una formación de calidad dirigida al mercado laboral.
La reforma de la educación no debe hacerse de manera partidista. Ha de ser un tema de Estado en el que es fundamental alcanzar acuerdos, lo que implica la cesión de todas las partes en la negociación. La confrontación, las descalificaciones y la irresponsabilidad no van a mejorar la calidad de la educación.
En clave catalana quisiera hacer un apunte. Nosotros pensamos que el catalán no debe estar por encima del castellano, ni al revés. Queremos que se traten las dos lenguas oficiales del Estado con equidad y de manera proporcionada, tal y como indica la doctrina del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo. No pensamos que sea positivo para los alumnos catalanes que sólo reciban dos horas en castellano de las treinta horas lectivas semanales de un alumno. El castellano no debe ser tratado como una lengua extranjera en los colegios públicos de Catalunya.
Ningún sistema de aprendizaje se puede basar en la exclusión de una u otra lengua, catalán o castellano. El respeto y la convivencia de las dos lenguas nos mejora y nos enriquece culturalmente.
Antonio Gallego Burgos · Diputado en el Congreso de los Diputados
