Por “Goyo” Benítez
Partiendo del máximo respeto a la presunción de inocencia, que debe prevalecer para cualquier persona imputada en un proceso judicial, hoy quiero reflexionar sobre la gran distancia que parece haber actualmente entre lo legal y lo ético; especialmente cuando lo que se juzga es el papel de un funcionario o de un político, al servicio de los ciudadanos. Todo esto viene al hilo del último caso de presunta corrupción urbanística, que ha estallado en la ciudad, y que tiene como imputado al ex alcalde Agustín Marina que, les recuerdo, dejó la política activa hace once años, en 2002. Otras cinco personas, de cierta relevancia en Castelldefels, también están imputadas en esta causa.
Ser imputado no es ser culpable. Podríamos decir que es el paso previo a que la Justicia pueda emprender acciones contra una determinada persona. Se le toma declaración, el juez pone en orden todas las pruebas que estén en su poder y determina si el imputado pasa a ser acusado de algo o sencillamente queda absuelto de toda sospecha. Así, en esa situación, están ahora mismo Marina, dos ex altos cargos del Ayuntamiento, (el ex arquitecto municipal y la gerente de la empresa municipal “Castelldefels Projeccions”), y un conocido constructor local. Ahora bien, en un caso como este habría que tener en cuenta que, hoy en día, la gente en la calle establece una línea de separación entre lo que aparentemente tiene todos los trazos de ser legal, y lo que a ojos del pueblo llano es una falta ética, un comportamiento poco acorde con la moral que debe mostrar un servidor público. Me explico: ¿Es legal que un ayuntamiento modifique la voluntad expresada por una persona en su testamento, redactado en el S.XIX, y unos terrenos que iban a ser de uso y disfrute de toda la población acaben convertidos en unas cuantas parcelas privadas, solo para el disfrute de unos pocos privilegiados que pueden pagar 1.000.000 de € en la compra de esas parcelas? Pues, seguramente, es legal, pero no es ético. Si finalmente se demuestra la acusación, ¿es legal que el arquitecto municipal y la gestora de la empresa municipal, que han participado en ese proceso de modificación de usos y construcción de dichas viviendas, acaben adquiriendo una de esas casas? Pues, posiblemente, sería del todo legal, pero creo que no sería ético. Y si se demuestra que es un hecho probado, ¿hubiera sido legal que un ex alcalde acabase, años después de abandonar la política, colaborando con una empresa del constructor que ha intervenido en esa misma operación urbanística de Can Ferret? Pues seguro que sería legal, pero el problema es que muchos ciudadanos pensaríamos que ese comportamiento no sería ético. La Justicia resolverá este caso y será entonces cuando se vea si alguien ha violentado el marco legal vigente. El problema es que la actitud poco ética de los servidores públicos, ésa, nunca se juzga en los tribunales.
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