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El Ayuntamiento de Castelldefels va a convertir toda la vía pública de la zona de la playa es un espacio de pago. A partir de este verano habrá 1.399 plazas de aparcamiento, que serán de zona azul y corresponderán a las ubicadas en primera línea de playa. Y en el resto de calles, más allá de la primera línea, habrá 3.417 plazas más, que serán de zona verde y gratuitas para todos los vecinos censados en la ciudad, o para aquellos que paguen un impuesto de circulación en Castelldefels. A simple vista, imagino que la medida será muy bien recibida por la población local, puesto que todo lo que se nos venda como gratuito, nos puede sonar a música celestial en un momento como el actual. Pero más allá del titular de la noticia, haríamos bien en reflexionar sobre algunos aspectos.
Por ejemplo, ya que esta medida se ha presentado como una nueva vía para generar ingresos económicos, me pregunto por qué el Ayuntamiento solo va a obtener un canon anual por dicho servicio. El consistorio ya dispone de una empresa municipal, llamada Societat Aparcaments Castelldefels (SAC), que sin embargo no va a gestionar el nuevo espacio de aparcamiento de pago. El control de esas 4.816 plazas va a ser competencia de una empresa, que previo concurso público, recibirá del Ayuntamiento dicha concesión. El canon que recibirá la ciudad, a cambio de esa concesión, a duras penas llegará al 15% del montante total que se embolsará la empresa privada. Esperemos que este proceso de adjudicación se haga con total transparencia y, en cualquier caso, haría bien el gobierno municipal en explicar por qué opta por la privatización de ese espacio.
Hay otros elementos dignos de análisis. Por ejemplo, al finalizar la temporada estival, será interesante ver cómo los hosteleros y restauradores de la ciudad analizan la repercusión de esta medida en los ingresos de sus negocios. Al parecer, antes de su aplicación, se muestran favorables. Si el aparcamiento de pago generalizado acaba reduciendo la afluencia de visitantes a nuestra playa, ellos también se verán perjudicados. Por no hablar de las formas, de la fealdad dialéctica a la hora de justificar ante la ciudadanía la toma de decisiones como esta. Para el alcalde Manuel Reyes, “una ciudad con 63.000 habitantes no puede mantener con sus impuestos unos servicios, en la playa, que utilizan 1,5 millones de personas al año”. El mensaje no puede ser más populista, simple y corto de miras. La playa nos pertenece como patrimonio natural y motor de nuestra economía; pero no debe ser entendida como una parcela privada; no debe ser gestionada como una propiedad particular. La ciudad ya obtiene beneficios por disponer de una playa como la que tenemos, tanto por su uso y disfrute, como por su capacidad para generar negocio a su alrededor.