Efectivamente, esta afirmación no es gratuita extremo que queda corroborado –más que corroborado, diría yo- por la moción presentada por la oposición municipal. La citada moción ponía de relieve la necesidad de que el Ayuntamiento, como entidad, tuviera a bien dar las instrucciones concretas a la Policía Municipal a fin de que estos dejaran de auxiliar en el proceso de los DESAHUCIOS. La propuesta fue rechazada con los votos del equipo de Gobierno municipal.
Pero, dentro de esta moción, había otra parte que entiendo muy necesaria –más ahora cuando se ha obtenido la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea- dado que, a la vista que la resolución judicial europea, nos ha dado la razón a todos los letrados que nos hemos cansado de insistir a los diferentes órganos judiciales españoles que la LEC y la Ley Hipotecaria violaba el derecho de los consumidores, ello a causa del gran número de preceptos y el condicionado de las hipotecas eran cláusulas abusivas o de adhesión. Pues bien, por fin alguien ha hecho justicia y aquello que reclamábamos los abogados ha sido reconocido judicialmente, lo que certifica que no estábamos ni tan locos ni éramos tan incultos jurídicamente hablando, incluyendo a todos los miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca que visto lo visto se hallan perfectamente en sus cabales, pese a las opiniones de muchos de nuestros políticos.
Con anterioridad al dictado de la Resolución del Tribunal Europeo, el Partido para la Diversidad Democrática (PDD) tenía que poner en conocimiento de los ciudadanos que había puesto en funcionamiento un servicio de asesoramiento jurídico para la atención de todas las personas que no tuviesen recursos suficientes para abonar su hipoteca o se hallaren en situación de riesgo de exclusión social, amén de encaminarlos a las ayudas que la instituciones tienen previstas.