A lo largo de los últimos meses hemos visto cómo la corrupción se colocaba en lo más alto de los problemas de los ciudadanos. Demasiados casos de corrupción en todos los estamentos públicos hacen que las personas de bien se echen las manos a la cabeza con preocupación y desasosiego. La corrupción es un virus que se come los fundamentos de nuestra democracia y eso lo tenemos que corregir sin ambages.
Acabar totalmente con la corrupción es imposible pero, desde luego, sí se pueden establecer más mecanismos para que sea más difícil cometer delitos y se puedan implantar penas más duras para aquellos caraduras que son “amigos de lo ajeno”. Con esa filosofía nace la nueva Ley de Transparencia y Buen Gobierno que ha impulsado el ejecutivo del Presidente Rajoy. Esta ley permitirá que los ciudadanos tengan más información relativa a la gestión del dinero público, someterá a más controles a todas las instituciones del Estado, tales como sindicatos, patronales, monarquía y partidos políticos, entre otras.
Vamos a vigilar con lupa a las instituciones que se financian con dinero público a través de una autoridad independiente, y se van a reforzar las sanciones contra el despilfarro y la mala gestión. Esta ley, que tenemos la voluntad de aprobarla con el resto de partidos políticos, es una salto cualitativo en la manera de hacer política en nuestro país. Las cosas se arreglan con leyes y con seriedad, no con pancartas, populismo de barra de bar y eslogans copiados de twitter.
Allá donde gobierne el Partido Popular, y Castelldefels es un caso claro, vamos a apostar por la transparencia y vamos a hacer todo lo posible por devolverle al noble arte de la política el prestigio perdido a lo largo de los últimos años. De ello depende la democracia, el mejor sistema político jamás ideado por el hombre.
Antonio Gallego Burgos
Diputado en el Congreso
Portavoz de Comisión de Presupuestos del Congreso
