El gobierno de Mariano Rajoy está aprovechando la crisis económica como excusa para desmantelar la red de servicios públicos básicos que, a lo largo de las tres últimas décadas, permitió reducir las desigualdades en España y cimentó el progreso de la sociedad. Los servicios públicos básicos que sostienen el edificio del Estado del Bienestar. Lo ha venido haciendo desde que accedió al poder con la educación, la sanidad y las pensiones, pese a que en su programa electoral decía todo lo contrario.
Ahora van a por los servicios sociales. El proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local que ha impulsado el gobierno de Rajoy tiene numerosos aspectos negativos para los ayuntamientos y para la ciudadanía, pero uno de los que puede tener peores repercusiones es la supresión de las competencias de servicios sociales de proximidad, con la excusa de que se trata de “gastos impropios”.
Eliminar los servicios sociales de proximidad es un perjuicio, pero hacerlo justo en el momento de crisis tan profunda que atravesamos es, además, un atentado a la dignidad de todas aquellas personas y familias que los están pasando mal. Justamente en medio de esta situación dramática para muchos, la atención y la gestión de los servicios sociales que se hace desde los ayuntamientos (la puerta a la que los ciudadanos suelen llamar antes por ser la administración más cercana) quedará reducida a la mínima expresión. Todo apunta a que se eliminarán los servicios o, si no, se privatizarán como han hecho en Madrid con las repercusiones que todos conocemos.
¿Quién llevará a cabo la atención domiciliaria de personas mayores y el servicio de teleasistencia a estas personas? ¿Quién hará la gestión de ayudas de emergencia a familias que lo necesitan? ¿Quien colaborará con los bancos de alimentos para que siempre se disponga de los recursos suficientes para las personas más necesitadas? ¿Quién garantizará las plazas de aquellas residencias municipales para personas mayores que tienen algunos municipios?
Si esta ley termina aplicándose, volveremos a la época de la caridad y la beneficencia. Y esto tal vez sirva para tranquilizar alguna conciencia , pero no para disponer de una primera línea de contención, digna y silenciosa, cercana a las necesidades de millones de personas empobrecidas, que es lo que en realidad deben hacer los servicios municipales de proximidad. La sostenibilidad financiera no puede ser excusa y, por eso, desde el PSC haremos todo lo posible para que no se salgan con la suya. La dignidad de las personas debe estar por encima de los números
