Le han pillado con el carrito del helado. Les han pillado. No a uno ni a dos, ni a tres; sino a 44 alcaldes catalanes. El pasado día 3 de julio trascendía la noticia. La Federación de Municipios Catalanes (FMC) pagó 300.000 euros en dietas a 44 alcaldes en dos años. La FMC, algo así como un grupo de Whatsapp de los principales alcaldes catalanes, con más organización y con una sede fija donde reunirse cada cierto tiempo, ha estado pagándole al alcalde de Castelldefels, Manuel Reyes (PP), y a otros 43 ediles, entre los años 2011 y 2012, una cantidad mensual, que oscilaba entre los 250 y los 1.000 euros.
Cobraban por un concepto “fantasma”, el de dietas y desplazamiento, cuando en realidad se había convertido en un sobresueldo puro y duro. Era una cantidad fija, cada mes la misma, independientemente de las reuniones a las que se asistiera; y percibían ese “modestito” ingreso incluso en los meses de agosto, en los que ni una mosca entraba en la sala de reuniones de la FMC.
Reyes es uno de los quince alcaldes que más ha percibido por este concepto tan anómalo: 5.000 euros en total. De acuerdo con lo que hemos visto en nuestra clase política en estos años, no tendríamos que rasgarnos ahora las vestiduras. La cantidad percibida con dinero público es irrisoria; pero aquí lo trascendente del asunto es el “concetto”, que diría Manuel Manquiña. Como repetía graciosamente este personaje de la película “Airbag”, el “concetto” es el “concetto”. Y aquí, durante años, se nos ha vendido el “concetto” de que este PP que representan nombres como Reyes venía a ser como un soplo de aire fresco, nuevo y regenerador. Y ahora resulta que no, que estamos ante la misma casta de siempre, tirando de vocabulario podemista. Estamos ante la eterna disyuntiva de optar entre lo legal y lo ético. Reyes sostiene que si se demuestra que el pago es irregular, algo que parece muy evidente, devolverá el dinero; pero que de momento le ampara la legalidad de ese cobro. En cambio, pocas horas después de que saltara el escándalo, los alcaldes implicados de CiU y ERC, y una edil del PSC, devolvieron íntegramente el importe cobrado.
Con el paso de los días la obscenidad es doble en la actitud de retrasar la devolución del dinero, como es el caso de Reyes; porque una vez trasciende el aspecto inmoral, que no ilegal, de la cuestión, ¿tanto le cuesta a un cargo público bien pagado devolver al erario público la ridícula cantidad –para sus bolsillos- de 5.000 euros?
