No nos dejan votar. No debemos ser consultados. Se prohíbe a los ciudadanos y ciudadanas catalanes acercarse a las urnas, utensilios por lo visto potencialmente muy peligrosos. Uno se pregunta: ¿se ha decretado en Cataluña el estado de excepción democrática? La respuesta es que la ley prohíbe consultar; es decir, prohíbe que se pretenda conocer la opinión de los ciudadanos y ciudadanas. No se trata de un referéndum, ni de una declaración de ningún tipo contra nadie. Se trata de algo tan sencillo y democrático, tan inocuo y tan saludable, como una consulta popular no vinculante. ¿No merecen los vecinos y vecinas de Castelldefels y los del resto de Cataluña ser consultados? ¿Vivimos en una democracia vigilada? ¿Por qué es ilegal votar? Esa “legalidad”, claramente antidemocrática, es fruto de la Transición, es decir, del paso de una dictadura de 40 años a la democracia y de la “sagrada” Constitución española. Una Transición que, recordemos, se pactó bajo la vigilancia de los militares de esa dictadura, al acecho y defendiendo lo que Franco dejó “atado y bien atado”.
Amordazando al pueblo de Cataluña e intentando engañar a todos los españoles, el gobierno, no de España sino de la oligarquía del altiplano, muestra sus endebles credenciales democráticas. Y su desprecio… o su temor por el juicio del pueblo catalán.
