Para las administraciones públicas (gobiernos central, autonómicos y locales), el último trimestre del año es la época de aprobar los presupuestos para la próxima anualidad. En esta predicción y conjetura han de equilibrarse, lo más rigurosamente posible, los ingresos y gastos previstos para todo el ejercicio. Se trata de la operación contable de un proyecto político; tarea ardua, particularmente complicada en medio de la crisis actual. En los últimos seis años, los presupuestos para enseñanza, sanidad, protección social e investigación han sido claramente insuficientes. Si consideramos el actual contexto sociopolítico español, con una agresiva política de re-centralización y un grave retroceso de los derechos democráticos, la confección de presupuestos razonables y equitativos en muchas administraciones públicas es un auténtico galimatías. En Cataluña, a las dificultades económicas del momento, hemos de añadir una que es muy particular y determinante: el déficit fiscal autonómico. De cada 100€ recaudados en Cataluña por la Administración central, sólo 60 se devuelven a Cataluña. Entre 15.000 y 16.000 millones de euros se van anualmente para no volver de ninguna manera a Cataluña, ni como transferencias, ni como inversiones. Desde 1986 a 2006 han volado de Cataluña a otras autonomías, pasando previamente por Madrid, 220.000 millones de euros. El Estado redistribuye la recaudación tributaria y Cataluña, en cuanto a renta disponible, pasa del tercer lugar al undécimo en la financiación de las comunidades autónomas. Un déficit fiscal del 8% del PIB aproximadamente. Mientras, en Estados Unidos es el 2,5%, en Canadá el 2% y en Alemania el 4%, por poner sólo tres ejemplos. Una cosa, pues, es la justa solidaridad y otra, el “expolio”, es decir, LA GRAN RETALLADA.
