En el último mes el escándalo del “Caso Cifuentes”, con un máster fantasma de la todavía presidenta de la Comunidad de Madrid en la Universidad Rey Juan Carlos, ha vuelto a poner bajo sospecha, en este caso a una representante de nuestra clase política por un supuesto trato de favor con ayuda de fondos públicos. Lo fuerte es que tras la publicación de este escándalo, han salido nuevos datos que apuntan a que la trama de títulos falsos está muy extendida entre algunos políticos que dicen haber cursado títulos de postgrado universitario en la URJC. De entre todas las declaraciones que se han hecho sobre el caso en estas semanas, me quedo con unas que representan un paradigma patrio, por cómo algunas personas entienden lo que es el ejercicio de la actividad política en España.
Tras demostrarse que Cristina Cifuentes no cursó ni una asignatura, no fue nunca a ningún examen y tampoco presentó su trabajo fin de máster; un compañero suyo de partido, el presidente del PP de León, Juan Martínez Majo, demostró su “nivel” diciendo de ella: “Vale, no tiene el máster. ¿Cuál es el problema?”. Pues mire, señor Majo, el problema es que usted y los que piensan como usted pregunten “¿Cuál es el problema?”. Porque un representante político, que asume la responsabilidad de gestionar miles de millones de euros de dinero público y de la que dependen servicios básicos para la comunidad, debe tener un comportamiento ejemplar en todas y cada una de sus acciones como representante político. Y si no es así, queda incapacitado/a para el ejercicio de esa responsabilidad.
En un país con la moral pública fortalecida este tipo de debates no deberían existir. A la mínima irregularidad, reconocida por la Universidad y hasta por la propia protagonista, en otro país Cristina Cifuentes sería un “cadáver” político. Aquí, no. En España, no. En el PP, no. ¿Por qué? Porque buena parte de la clase política española, convertida en casta, considera que no necesariamente tienes que ser honrado para representar a una institución pública, como es el gobierno de una comunidad autónoma, una alcaldía o cualquier concejalía del pueblo más minúsculo del país. Y esto va de honradez. Quien no es honrado no puede ejercer como representante público de otras personas. Es así de simple.